Las propiedades confiscadas o malversadas por el régimen serán objeto de un proceso ordenado de justicia transicional y reparación, con base en el Estado de Derecho, el respeto a la dignidad humana y el principio de legalidad. El Gobierno en el Exilio promoverá mecanismos transparentes para revisar cada caso, diferenciando entre bienes adquiridos legítimamente, bienes robados al pueblo y bienes que forman parte del patrimonio nacional. Se garantizará el derecho de las víctimas a reclamar, pero también se evitarán venganzas, abusos o despojos arbitrarios. El objetivo será restaurar derechos, no generar nuevos conflictos, y sentar las bases de una Cuba justa, segura y reconciliada, donde la propiedad esté protegida por la ley y no al servicio del poder.