La lucha contra la corrupción será un principio rector tanto en el Gobierno en el Exilio como en el futuro gobierno democrático. Para ello, se establecerán reglas claras de transparencia, acceso público a la información, rendición de cuentas obligatoria y control cruzado entre poderes. Toda persona que ejerza funciones públicas deberá estar sujeta a vigilancia institucional, fiscalización ciudadana y responsabilidad jurídica efectiva. Se crearán organismos independientes encargados de prevenir, investigar y sancionar cualquier abuso, con plena autonomía funcional. Además, se impulsará una cultura política basada en el servicio, no en el privilegio, donde la confianza se gane con resultados, no con discursos. La legitimidad del proceso dependerá no solo de sus fines, sino también de su integridad.