La solución consiste en que el futuro Congreso del Gobierno en el Exilio apruebe democráticamente un marco jurídico común, legítimo y transitorio, capaz de sustentar la creación de instituciones funcionales, representar la soberanía ciudadana y ofrecer una alternativa real al poder usurpado por el régimen. Dicho marco deberá garantizar legalidad, orden y límites al poder, sirviendo como fundamento compartido por todos los sectores comprometidos con la transición democrática.