En un eventual proceso de transición, la relación del Gobierno en el Exilio con el Partido Comunista de Cuba (PCC) será la de un poder legítimo que disuelve y proscribe a una organización criminal responsable de la destrucción de la república, la violación sistemática de los derechos humanos y la imposición de una dictadura totalitaria durante más de seis décadas. El PCC no será considerado un partido político ordinario, sino el aparato central de un régimen ilegal, y como tal deberá ser desmantelado jurídica, institucional y materialmente. El Gobierno en el Exilio promoverá su ilegalización como estructura política, económica y represiva, y exigirá la apertura de sus archivos, la extinción de su patrimonio ilícito, y el enjuiciamiento de su cúpula por crímenes de lesa humanidad. No se trata de perseguir ideas, sino de impedir que una organización criminal recupere poder bajo otra forma. La futura democracia cubana no podrá consolidarse mientras el Partido Comunista —con su ideología, estructuras y redes de control— siga existiendo como actor político, económico o cultural. La disolución del PCC será, por tanto, una condición esencial e innegociable para la restitución del orden constitucional y el inicio de una nueva república fundada en la soberanía del ciudadano, el pluralismo y el Estado de Derecho.